Las organizaciones sociales y sindicales que suscribimos la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria tenemos la convicción de que la movilización es imprescindible para avanzar hacia nuestros objetivos. Necesitamos una alianza sindical y social fuerte, con espíritu crítico, con capacidad de propuesta y de consensuar prioridades.
La Carta constituye un instrumento clave, que parte de la necesidad de cambiar radicalmente las políticas que se están aplicando en Euskal Herria y recoge nuestra propuesta de modelo alternativo de sociedad. Los marcos normativos de la CAPV y de la Comunidad Foral de Navarra deben garantizar y promover que los derechos recogidos en la Carta se puedan ejercer en Hego Euskal Herria (HEH). La Carta de Derechos Sociales demanda la capacidad de decisión plena en materia económica y socio-laboral y la construcción de nuestros propios instrumentos (normativos, institucionales, etc.). Realizar este proceso soberanista efectivo es parte de nuestro trabajo y nuestro emplazamiento político. Este poder de decisión se debe extender a todas las cuestiones importantes, de cualquier ámbito, que afecten a la población.
Junto a ello exigimos a las instituciones la aplicación inmediata de las medidas concretas recogidas en este documento. Es necesario adoptar compromisos específicos y dotar de los recursos financieros necesarios para que estos compromisos se puedan cumplir. Denunciamos que las políticas antisociales que se vienen aplicando están dando lugar a un empobrecimiento
generalizado de la población. La distribución de la riqueza es cada vez más injusta. Aumentan el paro, la precariedad, la pobreza y las desigualdades económicas y sociales, porque no se hacen políticas públicas para dar la vuelta a la situación.
Denunciamos que el Gobierno Vasco, el Gobierno de Navarra y las tres Diputaciones Forales de la CAPV no están tomando las medidas necesarias para cambiar de raíz la actual orientación de las políticas públicas, presupuestarias y fiscales. Ni siquiera se ha abierto un espacio de participación real en ninguna institución, ni para abordar la política fiscal, ni para tratar los presupuestos.
La corrupción no es algo ajeno a nuestra realidad. Un claro ejemplo lo tenemos en Navarra, donde los sucesivos gobiernos han vaciado las arcas públicas, saqueado la CAN, hipotecado el futuro con obras faraónicas inútiles, destruido gran parte del patrimonio cultural y medioambiental, obstaculizado la recuperación de la memoria o degradado los servicios públicos. Apenas ha habido presidente de Gobierno de Navarra alguno exento de sospecha de prácticas de corrupción.
Por otra parte, en el ámbito de la CAV, hemos asistido al proceso de privatización de Kutxabank. La mayor parte del ámbito político, con la colaboración de determinados sindicatos, ha entregado el patrimonio de alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos a una élite endogámica. Ha sido una vergonzosa muestra de la supeditación del interés general de la ciudadanía al interés particular y partidista.
Es posible y necesario cambiar estas políticas, que agravan el paro, la precariedad, la pobreza y las desigualdades sociales. La élite política, en su mayoría aliada con el poder económico y financiero, elude sus responsabilidades en estas cuestiones esenciales. Su única preocupación es la de su imagen, que trata de lavar con propaganda y reparto de prebendas en mesas como la del mal llamado diálogo social. El debate presupuestario del conjunto de las instituciones de Hego Euskal Herria para 2015 ha sido una muestra de cómo, en la práctica, los partidos políticos han evitado el debate de alternativas reales, impidiendo un cambio social. No es suficiente rechazar lo que está pasando, hay que cambiar la situación de raíz y construir un modelo socioproductivo en EH basado en la cobertura de las necesidades básicas; la redistribución de la riqueza, el empleo y los trabajos; la universalidad de los derechos; el liderazgo del sector público; la prioridad del interés colectivo respecto al impulso del individualismo; la eficiencia social y medioambiental de la política económica; la igualdad entre mujeres y hombres…
Las organizaciones sociales y sindicales que nos hemos comprometido con la Carta de Derechos Sociales defendemos un modelo de sociedad que ponga en el centro el sostenimiento de la vida. La adopción de las medidas recogidas en este documento supondría un avance sustancial en esa dirección. Para ello, exigimos a las instituciones de Hego¡ Euskal Herria:
UN CAMBIO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS, FISCALES Y SOCIALES
1. No aceptar las limitaciones presupuestarias y recortes que el gobierno español ha aprobado. Revertir los recortes aprobados por las instituciones de HEH.
• Revertir los recortes en la prestación de servicios aplicados por imposición o iniciativa propia por las administraciones
públicas vascas.
• Las instituciones de Hego Euskal Herria no deben aplicar estos recortes ni aceptar esas limitaciones.
• Compensar los recortes de derechos y prestaciones (pensiones, desempleo, etc.) aprobados por el gobierno
español.
• Dar marcha atrás en todos los recortes aprobados por las instituciones de HEH.
2. Una política fiscal justa y progresiva que contribuya al reparto más equitativo de la riqueza.
• Dar marcha atrás en las rebajas de impuestos a las rentas altas y de capital aprobadas en los últimos años (IRPF,
Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, etc.)
• Que los diferentes tipos de ingresos tributen por igual.
• Inspeccionar todas las rentas que no son del trabajo en un plazo máximo de cinco años y depurar los casos de
corrupción fiscal en las Haciendas.
• Impedir la actuación de las personas físicas y jurídicas radicadas en paraísos fiscales.
3. Desarrollar los servicios públicos propios para atender los sectores sociales estratégicos.
Para ello es imprescindible aumentar el gasto público en sanidad, educación y servicios sociales para, como primer
paso, equipararlo a la media de la Unión Europea..
4. Aumentar las prestaciones sociales para responder al incremento del desempleo y de la pobreza.
• Prestaciones dignas para todas las personas en desempleo
• Cambiar las actuales leyes que regulan las prestaciones sociales en la CAPV y Navarra para que ninguna persona
quede por debajo del umbral de la pobreza.
5. Establecer por ley el reconocimiento de los siguientes derechos:
• Cobertura de todas las situaciones de dependencia, que serán atendidas por un servicio público de calidad, en
las mismas condiciones en todos los territorios.
• Cobertura en la red pública de todas las plazas que se demanden en la misma para el tramo de 0 a 3 años, de
manera gratuita.
• Protección económica de la infancia y juventud.
• El acceso efectivo a una vivienda de alquiler social, y penalización fiscal de las viviendas vacías.
6. Promover un sector público potente con capacidad de liderazgo para organizar nuestro modelo socioproductivo.
Garantizar desde el sector público vasco los derechos de atención y cuidados y la universalidad de los servicios
públicos; impulsar la inversión pública directa en la industria; control público de la producción y comercialización de la energía, invertir en producción y actividades sostenibles que faciliten la transición y soberanía energética; crear un
sistema financiero público vasco.
UNA POLÍTICA DE CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD
7. La creación de una política de empleo que defienda, cree y reparta empleo de calidad:
• Mejora sustancial de los salarios especialmente los más bajos.
• Que no se puedan llevar a cabo EREs sin acuerdo de la mayoría de la representación sindical.
• Reducir la jornada laboral a 35 horas.
• Dar marcha atrás a las sucesivas reformas laborales y de negociación colectiva.
• Eliminar las horas extra.
• Adelantar la edad de jubilación.
• Establecer un nuevo Salario Mínimo Interprofesional en sintonía con la Carta Social Europea.
GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
8. Reestructurar todas las instituciones para posibilitar de manera efectiva la participación democrática de
la sociedad en el diseño, toma de decisión y control de todas las políticas.
• Es imprescindible instaurar procesos reales de evaluación de las políticas públicas, consulta y referéndum vinculantes en asuntos importantes.
• Establecimiento de mecanismos en el Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y en las Diputaciones
Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa que permitan la participación de las organizaciones sindicales y sociales.
9. Auditoría de la deuda
Impulsar y facilitar la elaboración de una auditoría ciudadana de la deuda y compromiso de no pagar la parte declarada como ilegítima. Este proceso debe ser social y realizarse con la colaboración de las instituciones, dando la información
y formación necesarias.
SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA Y BUEN VIVIR
10. Las personas, los pueblos y la naturaleza están por encima de los beneficios de las multinacionales.
• Por un modelo socio-económico cuya prioridad sea el sostenimiento de la vida, al servicio de las personas y pueblos.
• Por la solidaridad, la justicia e igualdad en las relaciones entre las personas y los pueblos.
• Por el derecho a decidir nuestro propio modelo económico, social y político para poder garantizar los derechos
sociales, laborales, culturales y medioambientales.
• Rechazo de todas las instituciones al TTIP.
• Primar la producción de energías renovables y paralización y prohibición del fracking y su investigación; el transporte público colectivo y la intermodalidad; la reducción, reutilización y reciclaje de residuos; la soberanía
alimentaria, etc.
11. Reconomiento social y reparto de los cuidados para garantizar la sostenibilidad de la vida y el buen vivir.
Construir un nuevo modelo económico y social basado en una visión integral del trabajo que reconozca la interdependencia inherente a las personas y garantice el derecho a una vida digna de toda la población.
Reconocimiento político y social del trabajo doméstico y de cuidados y adopción de medidas de corresponsabilidad entre mujeres y hombres para la redistribución del mismo. Para ello es preciso reformular los modelos de familia, de feminidad y de masculinidad que imperan en nuestra sociedad y fomentar el desarrollo de servicios públicos.
12. Garantizar la igualdad en las condiciones laborales y sociales, eliminando toda discriminación por razón de género, edad, opción sexual, diversidad funcional o nacionalidad.
DEFENSA Y COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS CULTURALES
13. Rechazo del recorte de libertades.
El recorte de las libertades democráticas y la represión del movimiento sindical y social que cuestiona el sistema y hace frente a la hegemonía del capital es constante. Se suceden reformas y decisiones que van en esa dirección.
Las instituciones deben defender el derecho democrático de protesta y de movilización, rechazando las medidas que lo cercenan y primando en su acción la defensa de este derecho.
14. Atajar la violencia contra las mujeres.
Adoptar medidas y políticas transversales para evitar la opresión y violencia que sufren las mujeres.
15. Normalización del euskera y la cultura.
• Exigencia de la plena oficialidad del euskera en todo el territorio de Euskal Herria, y la derogación de la Ley del Vascuence en Navarra.
• Desarrollo de una nueva política lingü.stica que tenga por objeto la normalización efectiva del euskera y el respeto de los derechos lingü.sticos de las personas euskaldunes en todos los ámbitos de su vida.
• Planes y medidas reales y normativas de normalización en las Administraciones Públicas y de ámbito privado para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir los servicios públicos en euskera y el de las personas a trabajar y mantener relaciones laborales en euskara.
• Superar el actual sistema de modelos lingü.sticos ya que el mismo no garantiza el conocimiento y la comunicación en euskera a todo el alumnado.
• Una política cultural dirigida a preservar el conjunto de nuestro patrimonio inmaterial y a potenciar tanto la creatividad como la convivencia de toda la diversidad que enriquece nuestra sociedad.
16. Impulsar un proceso soberanista para conseguir la capacidad normativa plena en materia económica y social.
La capacidad de decisión propia en todos los aspectos económicos o sociales es un objetivo irrenunciable para quienes defendemos otro modelo de sociedad.
Como hemos indicado, la movilización es nuestra vía para hacer posibles estas medidas. Por ello, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca a comprometerse aquí y ahora, con un proceso para que se adopten las decisiones políticas e institucionales que sean necesarias para garantizar a la ciudadanía vasca los derechos sociales fundamentales recogidos en este documento.
